El Salvador exento de aranceles dominicanos

Santo Domingo.- El ministro de Industria y Comercio, José Ramón Fadul, anunció que el gobierno dominicano aceptará las certificaciones emitidas por El Salvador para que las importaciones desde ese país se beneficien temporalmente de una exención arancelaria.

La decisión refleja un trato diferenciado en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) respecto a Costa Rica, que presentó en Bruselas ante la Organización Mundial de Comercio una denuncia contra República Dominicana alegando infracción de los términos del TLC.

Costa Rica presentó el viernes la denuncia contra Dominicana por aplicar aranceles a las importaciones de sacos de polipropileno y del tejido tubular que se usa para fabricarlos. República Dominicana tendrá 10 días para responder.

La exención dada a El Salvador será válida del primero de octubre al 31 de diciembre, sin aplicársele aranceles con carácter retroactivo, pero con la condición que para el primero de enero de 2011, El Salvador haya derogado la Ley 460 que otorga un subsidio del seis por ciento a los exportadores de esos productos.

Por su parte, Luis Núñez, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, la mayor organización empresarial del norte dominicano, desaprobó los métodos usados por Costa Rica en este conflicto de intereses que pudo haberse dirimido mediante el diálogo.

Núñez declaró que después de la entrada en vigor de ese convenio en 2006 se ha producido una balanza comercial muy favorable hacia los países centroamericanos, sobre todo a Costa Rica, y desfavorable para los dominicanos.

Conforme al economista Radhamés García, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en los cuatro años que lleva operando el CAFTA-DR, República Dominicana ha registrado un déficit superior a los siete mil millones de pesos (unos 195 millones de dólares).

García atribuye el déficit que ha generado el acuerdo comercial en las arcas dominicanas a la desigualdad competitiva en que se estableció el CAFTA-DR, la cual perjudica al país y beneficia a Estados Unidos y Centroamérica.